Distribución temática de los expedientes y su destino
Método. La clasificación tiene dos capas. Donde el
registro oficial ya declara la clase de trámite —solicitudes de atraque,
nombramientos, reformas al reglamento, honores, comisiones investigadoras,
presupuestos, querellas—, la categoría sale del propio registro, sin intervención
del modelo. El resto se clasifica por similitud semántica del título oficial del
SIL contra la taxonomía de la propia Asamblea: antes de clasificar se remueve del
título la fórmula de reforma («reforma del artículo N de la ley N.º…»), que no es
materia, y las categorías genéricas solo ganan cuando superan con margen a la mejor
específica — sin esa regla, «Justicia y Leyes» absorbía uno de cada cuatro
expedientes. Cobertura: el 100 % del archivo con categoría; la etiqueta de
confianza alta exige además separación clara sobre el segundo tema — un empate
entre temas vecinos se declara confianza media, no certeza.
Series temáticas del discurso, 2001-2026
Método. Cada intervención del corpus (338 036
fragmentos de ~500 palabras) se representa como vector semántico. Para cada tema
se define una consulta de referencia y se cuentan, por año, los fragmentos cuya
distancia coseno queda bajo el percentil 2 de la distribución del tema —umbral
relativo, sin constantes arbitrarias—. La unidad es fragmentos por mil del año:
mide la intensidad de la atención y es robusta al cambio de vocabulario entre
épocas. No es un conteo de menciones literales.
Por qué se archivan los proyectos
Método. La causa proviene de la tabla de tramitación
del registro oficial de cada expediente archivado, cruzada con las votaciones de
prórroga del plazo cuatrienal registradas en las actas — el voto rechazado en el
Plenario corrobora o resuelve archivos que el registro anota sin causa. Cuando el
registro solo dice «archivo», se declara así: la categoría «sin causa anotada» es
un dato sobre la calidad del registro público, no una omisión de este análisis.
Proporción de leyes de alcance limitado («proyectos chayote»)
Método. «Proyecto chayote» designa, en la jerga
legislativa costarricense, iniciativas sin impacto nacional aunque beneficien a una
comunidad específica. La clasificación aplica una regla determinista publicada en el
repositorio del proyecto: pertenencia a las categorías de autorizaciones, donaciones
y segregaciones de bienes, o declaratorias y benemeritazgos; o título que declare
días o símbolos nacionales, honores o denominaciones de obra pública. No interviene
ningún modelo ni criterio caso a caso; el conteo es reproducible por terceros.
Las leyes que más se ha intentado remendar
llegó a ley
archivado
en trámite
La cifra de la derecha es el número de artículos
distintos de esa norma que algún proyecto quiso tocar.
Método. Se leen los títulos oficiales de los
expedientes que son proyectos de norma —ordinarios, reformas constitucionales,
reformas al Reglamento y proyectos de honores— y se conservan los que anuncian una
operación sobre una norma vigente: reforma, adición, derogatoria, modificación,
sustitución o interpretación auténtica. La norma tocada se identifica por su número
de ley; los títulos que la nombran sin numerarla («del Código de Trabajo») se
resuelven con un diccionario nombre→número aprendido de los propios títulos, y un
nombre que en el corpus apunta a dos leyes distintas no se resuelve por nombre. La
Constitución Política y el Reglamento de la Asamblea se cuentan aparte porque no
llevan número de ley. Los artículos salen del mismo título y se asignan a la norma
que se nombra después de ellos, que es el orden de la fórmula («artículo 148 del
Código de Trabajo»). El desenlace es el del registro oficial: número de ley
asignado es aprobado —o número de acuerdo legislativo, si es reforma al Reglamento,
que no se promulga como ley—, número de archivado es archivado, y lo demás sigue en
trámite. Los porcentajes se calculan solo sobre lo ya resuelto. Límites. Es
un piso, no un techo: un proyecto que reforma una ley sin decirlo en el título no
aparece aquí, y un artículo que cinco proyectos distintos quisieron cambiar cuenta
una vez entre los artículos tocados y cinco entre los intentos. Cuenta intentos
presentados, no reformas vigentes.
A quién le pregunta la Asamblea
La cifra de la derecha es en cuántos proyectos
distintos apareció esa entidad; la barra, cuántas veces se le pidió criterio.
Método. Antes de dictaminar un proyecto, una comisión
pide criterio por escrito a las instituciones que la materia toca. Esas solicitudes
quedan anotadas en la ficha oficial del expediente, con la comisión que pregunta, la
fecha y a quién. Aquí se cuentan tal cual: una fila, una consulta. Los nombres se
unifican contra el catálogo institucional del proyecto, porque el registro los
escribe a mano y con el ancho de la celda como límite —la misma entidad aparece
como «Autoridad Reguladora Servicios Públicos» y como su nombre completo, o cortada
a media palabra—; sin unificarlos, una institución muy consultada se reparte en
cuatro y no aparece. El conteo sale del catálogo de fichas, no de las bases por
periodo: un expediente que cruza tres legislaturas figura en las tres, y sumarlas
contaría tres veces la misma consulta. Límites. Solo cubre los expedientes
cuya ficha oficial está cosechada, así que es un piso. Consultar no es obedecer:
esto mide a quién se le pregunta, no a quién se le hace caso, ni si respondió.